Queretanas sufren violencia psicológica, laboral, sexual y patrimonial: Coparmex

Querétaro, Querétaro, a 8 de marzo de 2024.- Cnidia De la Cruz Reséndiz, directora General de la Conferencia Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Querétaro, reconoció que en la entidad las mujeres sufren violencia psicológica, laboral, sexual y patrimonial, fenómeno que se refleja en los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Dinámica Sobre Relaciones en los Hogares y en las Oficinas (ENDIREH) 2021.

“El 27.1 por ciento de las mujeres han sufrido violencia física o sexual y el 35 por ciento ha sido agredida en sus oficinas de trabajo por algún compañero; el 82.3 por ciento de las mujeres que laboran en las oficinas en Querétaro ha tenido algún tipo de incidente en las oficinas donde se presentan a trabajar cada día y al menos tres de cada 10 mujeres han sufrido acoso laboral a lo largo de su vida”, dijo la empresaria.  

Por ello, De la Cruz Reséndiz mencionó que desde el organismo empresarial y también desde la Coparmex que lidera Beatriz Hernández Rojas, fijaron un posicionamiento con motivo del 8 de marzo en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

Se trata de un posicionamiento que contiene propuestas que, dijo, plantearán al Gobierno del estado y a las y los candidatos a los diferentes cargos de elección popular. La primera, refirió, es la reducción de violencia de género mediante estrategias de alerta temprana y prevención, “estas deben incluir capacitación del personal, aseguramiento de recursos, coordinación interinstitucional, rutas de actuación, acceso a servicios de apoyo y monitoreo constante. El compromiso de los gobiernos debe ser el de crear comunidades seguras”.

Otra propuesta, detalló, son otorgar incentivos fiscales a empresas que cumplan la Norma en materia de teletrabajo. En este punto se debe recordar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social promovió la NOM-037, la cual se centra en brindar condiciones de seguridad y salud en el trabajo que se hace en home-office o de forma remota.

“Esta norma es un paso adelante para garantizar que hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades y un trato justo en el entorno laboral, pero se debe enfocar especialmente en ayudar a que las mujeres puedan desarrollarse sin descuidar a sus hijos; por eso se requieren incentivos fiscales para que cada vez sean más las empresas que cumplan con ella”.

La tercera propuesta, planteó De la Cruz Reséndiz, es el regreso de estancias infantiles pues solo un 3 por ciento de los niños menores de seis años goza de acceso a guarderías mientras que un ínfimo 1 por ciento tiene acceso a instalaciones privadas de cuidado infantil.

“Las estancias infantiles no sólo son espacios para que los niños sean cuidados mientras sus madres trabajan, son más porque también obtienen estimulación, socialización temprana, detección de necesidades especiales y equidad educativa. Sin duda, estos espacios contribuyen a reducir el estrés familiar y desempeñan un papel crucial en la prevención de desigualdades sociales”. De la Cruz Reséndiz agregó que también se plantean las Escuelas de Tiempo Completo, pues son esenciales para el desarrollo educativo y social de los estudiantes.

“Ofrecen un entorno estructurado y enriquecido que facilita un aprendizaje más profundo. Además, brindan oportunidades para actividades extracurriculares, apoyo académico adicional y ayudan a las madres y padres trabajadores al proporcionar un entorno seguro y educativo en la mayor parte del día”.

Finalmente, pero no por ello la menos importante, De la Cruz Reséndiz dijo que buscarán la realización de mesas de trabajo entre el gobierno y empresas para mejorar sus condiciones laborales.

“Es urgente establecer una agenda de trabajo común para poner alto a los diferentes tipos de violencia que sufre la mujer. Proponemos una Mesa donde se analicen propuestas focalizadas por tipos de violencia con la finalidad de fomentar sociedades de paz, a través de la implementación de programas educativos que promuevan valores como el respeto, la empatía y la igualdad. Son necesarios protocolos, pero también acciones gubernamentales para combatir la impunidad y generar incentivos positivos”.