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MensajearArantepacua, Michoacán.- 6 de abril de 2025.- Ocho años han pasado desde aquel 5 de abril de 2017, cuando el silencio de la Meseta Purépecha fue roto por el estruendo de armas de fuego de alto calibre. Alrededor de 800 elementos de la entonces Policía Michoacán hoy Guardia Civil irrumpieron en la comunidad indígena de Arantepacua, dejando tras de sí una jornada marcada por la violencia estatal y el dolor colectivo.
La incursión, que fue denunciada como una operación de castigo tras un conflicto agrario, derivó en graves violaciones a derechos humanos: cuatro ejecuciones extrajudiciales, diez casos de tortura, 38 de tratos crueles e inhumanos, 48 detenciones arbitrarias y más de mil víctimas directas por el estado de sitio impuesto. Las consecuencias siguen presentes en la memoria y la piel de un pueblo que exige justicia.
A ocho años, los pobladores alzan nuevamente la voz. Reclaman que sea la Fiscalía General de la República (FGR) —y no las autoridades estatales— la que asuma la responsabilidad de continuar con las investigaciones. Señalan que los hechos no pueden ser esclarecidos por un aparato gubernamental que aún cobija a muchos de los presuntos responsables.
Entre los señalados se encuentra Víctor Acosta, quien durante la represión fungía como titular de la Unidad Básica de la Secretaría de Seguridad Pública y hoy ostenta el cargo de Coordinador de Regiones. También Venancio Colín Mendoza, entonces Director de Seguridad Pública y actualmente encargado del Agrupamiento de Caminos; y Juan Pablo Alarcón, subdirector operativo en 2017 y hoy mando en la Policía Morelia.
“¿Cómo puede haber justicia si quienes participaron en la represión hoy siguen condecorados y ascendidos?”, cuestiona un comunero que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias. “No ha habido castigo ni verdad, solo olvido institucional”.
La Recomendación 42/2020 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció las graves violaciones y urgió medidas de reparación. Pero hasta ahora, dicha recomendación se mantiene, para muchos, como un documento estancado, sin consecuencias reales para los autores materiales e intelectuales de la violencia.
Arantepacua no olvida. En cada aniversario, en cada ceremonia comunal, el recuerdo de los caídos, de los golpeados, de los humillados revive. Sus nombres son pronunciados no con rabia, sino con dignidad. Porque en la Meseta Purépecha, la memoria también es resistencia.
Mientras tanto, la demanda sigue firme: justicia verdadera, sanción a los responsables, y el reconocimiento pleno del derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación y a vivir sin miedo.
