Compartir
Twittear
MensajearCiudad de México, a 18 de septiembre de 2024.- El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria ha detectado la presencia de 90,000 personas encarceladas sin sentencia en México, de las cuales alrededor del 50% están bajo detención preventiva oficiosa. El organismo calificó los arrestos arbitrarios como una "práctica generalizada" en el país.
La información fue presentada el martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tras una visita realizada a México en septiembre de 2023 a invitación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El informe resaltó diversas deficiencias en el sistema de justicia penal mexicano, entre ellas, la figura del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, las cuales, según el documento, violan el derecho a la libertad. El Grupo de Trabajo consideró particularmente preocupante la duración excesiva de la prisión preventiva, señalando casos de personas que han permanecido encarceladas más de cinco años sin recibir una sentencia.
El documento también subrayó la grave situación de la militarización de la seguridad pública en México, con alrededor de 100,000 soldados involucrados en tareas policiales y de control migratorio. Esta militarización, según el informe, ha contribuido al aumento de la violencia, las desapariciones forzadas y los homicidios, así como a casos de tortura y malos tratos a personas detenidas por personal militar.
Además, el informe destacó el enfoque punitivo que México ha adoptado desde 2006 hacia el consumo personal y la venta de drogas al por menor, conocido como narcomenudeo. Señaló que este enfoque ha llevado a un incremento en el encarcelamiento de consumidores, y denunció que las fuerzas de seguridad han fabricado cargos contra ciudadanos, colocando drogas en sus pertenencias.
Aunque el informe reconoció la promulgación de la Ley de Amnistía en 2020 como un paso positivo, también lamentó que hasta el momento de su visita solo 424 personas habían sido liberadas bajo esta legislación. La implementación limitada de esta ley fue una de las críticas principales del Grupo de Trabajo.
Finalmente, el documento expuso otros problemas graves en el sistema de justicia penal mexicano, como el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, la falta de acceso adecuado a representación legal, la falta de independencia judicial y las deficientes condiciones de detención en las cárceles del país.
