Querétaro, Querétaro, a 14 de marzo de 2025.- En Querétaro, persisten las omisiones y la lentitud de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas, de la Fiscalía General del Estado, en casos de personas desaparecidas, denunció Aleida Quintana, fundadora del Grupo Interdisciplinario por la Equidad T’ek’ei.
Llamó a que el Fiscal General, Víctor Antonio de Jesús Hernández, fortalezca esta unidad, que reemplace a funcionarios incompetentes, que se brinde atención los fines de semana, pero sobre todo que se cuente con personal especializado, que preponderen la perspectiva de búsqueda, de derechos humanos, interseccionalidad y que conozcan todos los protocolos existentes para la búsqueda inmediata.
Señaló que, en los casos que se denuncian, la única línea de investigación que se sigue es la suposición de que la persona desaparecida se fue por “voluntad propia”.
Señaló que se ha observado que hay negativas para activar Alertas Amber y fichas del Protocolo Alba, carpetas de investigación mal integradas y redactadas, así como una preocupante falta de coordinación con la comisión local de búsqueda y las de otros estados.
“La labor de la unidad de búsqueda es muy lenta y omisa (…) algo que es lamentable y es una constante, es la negativa a reconocer que la desaparición de personas existe en el estado, la desaparición no voluntaria, porque hemos identificado que los casos por los que habla la autoridad es donde la personas se fueron, aparentemente, de manera voluntaria”.
La activista también alertó sobre la práctica de retirar los teléfonos celulares a las familias cuando presentan denuncias, el que se apresuren sus declaraciones y que se omitan datos clave para la localización, situación, que demuestra una preocupante falta de garantías para las víctimas y sus familias.
Destacó que, en la reunión nacional convocada por la Unión y Red Nacional en Búsqueda de Personas, para autoridades federales y locales, Querétaro fue una entidad ausente, lo que denota una falta de apertura para trabajar con la sociedad civil y otras instancias gubernamentales, ya que también colectivos de Guanajuato, Michoacán y Jalisco denunciaron que la Fiscalía ha negado el acceso a las bases de datos del Servicio Médico Forense (Semefo) y de Servicios Periciales.