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MensajearMorelia, Michoacán, a 03 de marzo del 2025.- La titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán (SECOEM), Azucena Marín Correa, informó que 31 servidores públicos de la dependenica estatal que lidera y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se han presentado como testigos ante la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso del los cuarteles de la Policía Michoacán comprados a sobreprecio por la administración del ex gobernador, Silvano Aureoles Conejo.
En conferencia de prensa, la contralora del estado señaló que en el mes de febrero de este año la FGR judicializó la carpeta de investigación por los delitos de Peculado, Administración Fraudulenta, Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Asociación delictuosa, lo que derivó en la detención de cuatro ex servidores públicos, entre ellos Carlos N. ex secretario de finanzas del ex mandatario y la orden de aprehensión contra el ex gobernador.
Agregó que la auditoría realizada al gobierno de Michoacán por la SECOEM en noviembre del 2021, y que derivó en la presentación de una denuncia penal en 2022, permitió profundizar en los casos de presunta corrupción de la administración pasada.
Explicó que para la compra de los cuarteles se habían comprometido 5 mil millones de pesos, de los cuales se comprobó que tres mil 468 millones de pesos eran de procedencia irregular. Los cuarteles están asegurados por la FGR desde febrero del 2024 como medida precautoria.
Azucena Marín narró que se otorgaron contrataciones por adjudicación directa con vicios acreditados a la empresa inmobiliaria DyF SA de CV entre 2016 y 2017, además de que no había proyectos ejecutivos, ni se comprobó la posesión de los terreros en que se ubicaban los cuarteles, así como convenios modificatorios de mantenimiento sin evidencia de ellos servicios.
Subrayó que se dispersaron los pagos a la empresa dos días antes de concluir la administración silvanista, es decir, el 28 de septiembre del 2021, además de que se trató de protocolizar la compra-ventas en una notaría de la Ciudad de México.
En el mes de noviembre comenzaron las investigaciones a través de la Secretaría de Contraloría a las adquisiciones de los cuarteles ubicados en Lázaro Cárdenas, Huetamo, Apatzingán, Uruapan, Coalcomán, Jiquilpan y Zitácuaro, espacios que cuentan con espacios lujosos y blindados que serían para la pernocta del ex mandatario, los cuales contrastan con la mala calidad de las instalaciones destinadas al personal operativo, dijo.
Por ello, el 16 de febrero del 2022 se presentó la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, así como mesas de investigación con la UIF y fiscalías especializadas; en junio del 2023 se acumularon las carpetas en una misma investigación; en ese mismo año se presentó una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por daño de mil 52 millones 222 de pesos. Fue en 2024 cuando la UIF dio vista de la investigación a la FGR.
La Contralora detalló que fue en noviembre del 2024 cuando se logró la reparación del daño por parte de la empresa por la cantidad de 970 millones 976 mil pesos al Gobierno de Michoacán.
