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MensajearSantiago de Querétaro, Querétaro, a 7 de abril de 2025.- Para que los programas sociales que impulse el Gobierno del Estado sean un derecho constitucional, los diputados Claudia Díaz Gayou, del Partido del Trabajo; Arturo Maximiliano García Pérez, de Morena; y Paul Ospital Carrera, de Movimiento Ciudadano, presentaron una iniciativa de ley para reformar la Constitución local.
Díaz Gayou aseguró que con este cambio se evitará que exista progresividad y que montos destinados para ellos no decrezcan.
Explicó que con esto también se garantiza que no “sean monedas de cambio para temas electorales o políticos”, que estén libres de intereses personales.
Acotó que otro cambio será que no se limite a un padrón de un partido político, sino que sea de puertas abiertas para todos y todas las queretanas, ya que será obligación de todas las autoridades garantizarlos.
“Esto será de manera permanente para los futuros gobiernos, no solo el actual, y que también estén obligados a que estos programas sociales sean un derecho”.
Ospital Carrera expresó que esta modificación constitucional, es una aceptación tácita de que estamos de acuerdo con la inversión destinada en este año, por ello se busca que no se quiten y que, al contrario, sean progresivos, y que, en los próximos años tampoco se les reduzca un solo peso a estos programas sociales.
“Lo dijimos en su momento, el presupuesto del Gobierno del Estado tiene un carácter social, por eso hoy apoyamos la propuesta que hicimos hace unas semanas, de que los programas sociales en la entidad sean elevados a rango constitucional”.
Arturo Maximiliano García, diputado de Morena, destacó que en este 2025 se identificó un monto de más de 717 millones de pesos para estos programas, que van dirigidos a las necesidades de los grupos vulnerables.
Consideró que la oportunidad que tienen los gobiernos es presentar programas sociales conforme se van identificando necesidades y algunos de ellos no se contraponen con los programas establecidos a nivel federal que tienen rango constitucional, sino que son lógicas locales en donde hay una identificación de carencias, y necesidades; y es en esta lógica que puede haber transferencias de la recaudación a grupos que tienen una vulnerabilidad.
Apuntó que lo que se pretende es que estos programas, que son para aliviar necesidades que ya se tienen identificadas localmente, no sean programas coyunturales, ni de una administración, si no que se conviertan en derechos constitucionales, con los que nadie podría estar limitado al acceso a estos ni condicionado.
