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MensajearMorelia, Mich., a 8 de marzo de 2025.- Nuevas fiscalizaciones hechas a las cuentas de la administración del exgobernador Silvano Aureoles Conejo -hoy prófugo de la justicia-, muestran que el gobierno perredista presuntamente defraudó 43 mil 128 millones de pesos a las arcas estatales. El viernes, su exsecretario de finanzas y tres exfuncionarios más, recibieron vinculación a proceso y prisión preventiva.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha llevado 245 fiscalizaciones a las cuentas del estado, durante el mandato del perredista Aureoles Conejo, del 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2021.
De esta manera, se han detectado irregularidades por un monto mayor a los 43 mil 128 millones de pesos; en su mayoría, las observaciones son por mal uso y destino de recursos federales.
Aunque Aureoles está prófugo de la justicia por un presunto desfalco de 3 mil 412 millones 165 mil pesos en la construcción de cuarteles policiacos, las irregularidades en su mandato son numerosas y el costo de cada una, multimillonario.
Desde el primer año de Aureoles, 2016, se detectaron irregularidades por 5 mil 214.5 millones de pesos en las cuentas públicas, pero fue 2017 el año donde más se robó a las arcas de Michoacán, con 14 mil 125.8 millones de pesos en cuestionamiento.
En 2018 las observaciones fueron por 5 mil 908.7 millones de pesos; en 2019 fueron por mil 71.7 millones; y en 2020 por 3 mil 70.1 millones de pesos. En el año 2021, el último del gobierno perredista, la cifra de irregularidades ascendió a 13 mil 737.1 millones de pesos.
El sector educativo fue uno de los más saqueados, con irregularidades como el pago a personal docente con hasta tres plazas, compra de equipo de cómputo para instituciones educativas, que luego fue donado a instancias ajenas al programa; y compras “fantasmas”.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Michoacán (DIF), no se salvó del saqueo, pues se hallaron irregularidades en la contratación del servicio de desayunos escolares.
Asimismo, se detectó la contratación de 12 créditos bancarios a corto plazo, de los cuales solo se informó de tres, por lo que se desconoce el paradero del resto del dinero, causando un daño estimado en 10 mil millones de pesos.
También se encontraron daños al erario por un monto de 3 mil 70 millones de pesos en la compra de medicamentos e insumos médicos para el sector salud, recursos etiquetados no pagados, transferencias a cuentas ajenas a los proyectos y pagos excesivos a trabajadores.
