Morelia, Mich., a 19 de octubre de 2024.- El mes de octubre ha sido particularmente alarmante en Michoacán, donde la Fiscalía General del Estado (FGE) ha procesado 25 casos de abuso y violación, en su mayoría relacionados con víctimas menores de edad. La problemática ha puesto en evidencia un patrón recurrente en el estado: los agresores suelen ser personas cercanas al entorno familiar de las víctimas, lo que agrava la vulnerabilidad y dificulta la denuncia.
Casos que destapan la magnitud de la violencia
En múltiples municipios de Michoacán se han dado a conocer casos que reflejan la gravedad de la situación. En Tacámbaro, Pablo "N" fue sentenciado a 20 años de prisión por violación equiparada y abuso sexual contra su hijastra de 13 años, crímenes cometidos entre julio y octubre de 2023. La sentencia se logró mediante un procedimiento abreviado después de que el Ministerio Público demostrara la responsabilidad del agresor.
En Morelia, Luis Arturo "N" fue vinculado a proceso por delitos de abuso sexual y violación en perjuicio de su sobrina. Los hechos ocurrieron desde 2014, cuando la víctima tenía solo 8 años y continuaron en Múgica, a donde se mudaron. Este caso refleja un patrón de agresiones prolongadas en el tiempo, aprovechando la cercanía y la confianza depositada en el entorno familiar.
La impunidad y la repetición de la violencia
En otros municipios, el contexto no es diferente. En Zamora, se han documentado casos con características similares. Raúl "N" enfrenta cargos por violación agravada de su hijastra desde 2021, cuando la víctima tenía 13 años. El mismo municipio fue escenario de otro caso en el que Héctor Libardo "N" fue acusado de abuso sexual contra su sobrina, quien además tiene una discapacidad. Las investigaciones señalan que el agresor aprovechó la ausencia de otros familiares para cometer el delito.
La complicidad y la negligencia agravan el problema
Los casos también involucran situaciones de abuso facilitadas por la negligencia o la complicidad de otros adultos en el entorno de la víctima. En Apatzingán, una pareja de jornaleros fue detenida por inducir y participar en el abuso sexual de su hija de 12 años. Según la investigación, la madre de la menor colaboró en los hechos, permitiendo que su pareja la agrediera en un hotel.
Otro ejemplo que ilustra la magnitud del problema es la sentencia en Morelia contra Víctor Manuel M., quien fue condenado a 14 años y 6 meses de prisión por repetidas violaciones a su hijastra de 11 años entre 2018 y 2022.
Los patrones de abuso en el estado incluyen agresiones reiteradas, a menudo aprovechando la cercanía y la confianza depositada en los agresores. Esto se refleja en la sentencia contra Eulogio V. en Tzitzio, por un ataque a una adolescente de 16 años en un camino rural, y en el caso de Nicolás R., condenado a más de 16 años de prisión por violar a una niña en Morelia.
Las detenciones y sentencias revelan la magnitud de la crisis de violencia sexual en Michoacán, una problemática que exige respuestas urgentes para proteger a las víctimas y prevenir futuros casos. La situación demanda una intervención integral que no solo castigue a los culpables, sino que también implemente medidas efectivas para prevenir la violencia sexual y apoyar a las personas afectadas.