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MensajearIrapuato, Guanajuato, a 13 de enero de 2025.- El 1 de julio de 2020, la comunidad de Arandas, en Irapuato, fue escenario de una de las peores masacres registradas en la región. Un grupo de tres hombres armados y encapuchados ingresó violentamente a un centro de rehabilitación, asesinando a 27 personas en un ataque que conmocionó al estado y al país.
Los hechos
Alrededor de las 5:30 p.m., los atacantes entraron al edificio y subieron directamente a la planta alta, donde se encontraban reunidos varios internos. Según la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, los hombres amenazaron a las personas presentes y exigieron información sobre un individuo específico. Al no obtener respuestas, abrieron fuego indiscriminadamente, asesinando a 27 hombres en ese lugar.
Tras ello, los agresores descendieron a la planta baja y continuaron disparando, dejando sin vida a tres hombres más. Tres personas gravemente heridas fueron trasladadas a un hospital cercano, pero lamentablemente fallecieron debido a la gravedad de sus lesiones.
Investigación y justicia
La Fiscalía del Estado inició una investigación exhaustiva que permitió identificar a los presuntos responsables. Héctor Eduardo “N” y Óscar Iván “N” fueron vinculados a proceso penal por su participación en este crimen múltiple. Además, Jesús Emmanuel “N”, alias "El Jordan", fue señalado como uno de los principales autores materiales e intelectuales del ataque.
Tras un juicio, "El Jordan" fue sentenciado a 797 años y 6 meses de prisión, una de las condenas más severas dictadas en la historia reciente del estado, lo que refleja la magnitud del delito.
Impacto y reacciones
La masacre dejó una profunda herida en la comunidad de Arandas y en las familias de las víctimas, quienes siguen exigiendo justicia y medidas para prevenir tragedias similares. Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han señalado la necesidad urgente de reforzar la seguridad en los centros de rehabilitación, muchos de los cuales operan sin medidas de protección adecuadas.
El gobierno estatal se comprometió a trabajar en la regulación y supervisión de este tipo de instalaciones para garantizar la seguridad de sus ocupantes. Mientras tanto, este caso sigue siendo un recordatorio doloroso de la violencia que afecta a la región y de la urgente necesidad de acciones concretas para frenar el crimen organizado.
"No queremos más violencia, queremos vivir en paz", expresó un habitante de Arandas en una marcha realizada días después de la tragedia.
